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Poniéndonos en antecedentes, desde la segunda mitad del siglo XVII y hasta mediados del XVIII, la producción editorial española estuvo caracterizada por la escasa calidad de los impresos frente a productos, de mayor calidad y más baratos, procedentes del exterior. Por otro lado los libros impresos en el extranjero podían circular libremente por la Península sin estar sometidos al sistema censor.

Esta situación impedía que los impresores del país pudieran competir con los extranjeros, favorecía el que los libreros prefirieran surtir sus tiendas con ejemplares venidos de fuera y animaba a los autores a enviar sus originales a imprimir en talleres extranjeros.

Para intentar paliar la situación de decadencia que sufría la producción editorial española, en 1610 se dictó una Ley para prohibir que los españoles pudieran imprimir fuera de los reinos de España. Desde un primer momento esta ley quedó en papel mojado y los autores españoles siguieron imprimiendo en el exterior, con licencia o sin ella, lo que provocó enfrentamientos entre impresores y libreros.

En 1752, por Real Cédula de 8 de febrero, Juan Antonio Curiel y Luna fue nombrado Juez privativo de imprentas por el rey Fernando VI . Transcurridos pocos meses desde su nombramiento, el 22 de noviembre de 1752, Curiel dio un auto que regulaba el examen de los libros con anterioridad a su publicación y su comercio.

El reglamento elaborado por Juan Curiel pretendía hacer cumplir la legislación anterior, para asegurar un mayor control en la circulación del libro y poner fin a las prácticas que estaban llevando a la ruina a la edición española.

Esta política intervencionista no fue bien acogida por el sector editorial que consideraba imprescindible el libre comercio del libro para la regeneración cultural de la nación. Sin embargo, a pesar de las protestas de los libreros y de los enemigos políticos de Curiel, su nueva normativa tuvo un elevado cumplimento.

El auto dictado por Juan Curiel, de extrema dureza,  consta de 19 capítulos que abarcan los aspectos editoriales y comerciales de libros y publicaciones. Como ejemplo en el capítulo 13 se decía lo siguiente:

“13. Asimismo ningun librero ó tratante de libros, ni otra alguna persona pueda vender ó meter en estos Reynos libros ni obras de romance compuestas por los naturales de estos Reynos, impresos fuera de ellos, sin especial Real licencia, so pena de muerte y de perdimiento de bienes. Y esta pena de muerte que impone la ley se conmute en quatro años de presidio, y se aumente conforme á la contumancia.”


Fuente:

García Cuadrado, A. (2000). La edición española del “Compendio de la historia de España” de Duchesne: una traducción del Padre Isla.. Revista General De Información y Documentación, 10(2), 105. En: http://revistas.ucm.es

Problemas con la “Censura” – Informe de Mayans sobre el auto de censura de libros establecido por Juan Curiel en 1752. En: http://bivaldi.gva.es